Who´s blamed for Egyptian dictatorship?....OBAMA!!!...Es la Corte Suprema la ultima palabra?....Tax the Internet...

Egyptian Protesters Blame Obama For Morsi Dictatorship

US media ignores anti-Obama fervor
Paul Joseph Watson
Infowars.com
July 3, 2013

Images seldom broadcast on mainstream media networks reveal a wave of anti-Obama fervor has gripped Egypt as demonstrators blame the White House for helping to install Mohamed Morsi, the Muslim Brotherhood leader who could be toppled later today.

Anti-Morsi demonstrator.

The protests in Egypt have largely been characterized by the media as representing an even split between pro-government Muslim Brotherhood advocates and the anti-Morsi opposition movement, despite the fact that the anti-Morsi demonstrations have been far larger.

However, one aspect of the demonstrations that has been almost completely ignored is the fact that Egyptians firmly lay the blame for Morsi’s calamitous year in office at the feet of the White House.

As the photos below illustrate, Egyptians are fully cognizant of the fact that the Obama administration played a key role in contriving the revolution that toppled former President Mubarak. Signs held by protesters include, “Wake up America, Obama backs a fascist regime in Egypt,” “Obama Supports Terrorism,” and “Obama Your Bitch is Our Dictator.” The signs also condemn the role of Anne Patterson, the US Ambassador to Egypt.

As we previously highlighted, the 2011 revolution in Egypt was far from a grass roots uprising given that its organization was aided by establishment NGOs like Freedom House (linked to the CIA) and National Endowment for Democracy (NED).

Despite supporting Mubarak for decades, the US abandoned him and threw its support behind the Muslim Brotherhood when Mubarak rejected US attempts to establish military bases inside the country and seize control of Egypt’s communications networks.

Mohamed Morsi has overseen the implementation of a dictatorship in Egypt that rivals that crafted by his autocratic predecessor. After enshrining Shariah law in the newly drafted constitution, Morsi granted himself sweeping powers to introduce any law and made himself immune from judicial oversight.

“So, is he Egypt’s dictator? At the moment, yes, on paper the most powerful Egyptian leader since the pharaoh,” Eric Trager, a fellow at the Washington Institute for Near East Policy, told CBC News.

Unlike in Syria, where a militant-led insurrection was hyped as a democratic uprising, the largest mass protest in human history over the last few days in Egypt has been met with deafening silence from the White House.

As Bridget Johnson highlights, all we have heard is “crickets from the Obama administration,” with the only reference to Egypt coming from Secretary of State John Kerry, whose statement failed to address what was actually happening and instead centered on the weather conditions in Tahrir Square.

Egypt’s state-run Al-Ahram newspaper reported today that Morsi will “either step down or be removed from office” by the army within hours as a deadline for a political settlement expires.

H/T - Doug Ross Journal.

 

¿Tiene la Corte Suprema la última palabra?

Rich Tucker

Las decisiones de la Corte Suprema son fundamentales, pero no son la última palabra. Es nuestro deber como ciudadanos americanos seguir presionando, vía los tres poderes del gobierno, contra cualquier propuesta que viole la Constitución. Esa es la forma de asegurarse de que nuestra unión sobreviva durante otros 225 años.


Recientemente, el país celebró el 225º aniversario de la ratificación de la Constitución por parte de Nuevo Hampshire, que hizo de este documento la ley suprema en la nación. “¡Feliz cumpleaños Constitución! Los americanos aún no te entienden”, proclamaba el titular del National Journal.
“En 2011, la Universidad de Pensilvania llevó a cabo una investigación para ver cuán familiarizados están los americanos con sus cimientos legales”, indicaba el artículo. “Los resultados fueron, bueno…desde luego tendremos que estudiar más duro para la próxima investigación”. Y ciertamente, es un poco deprimente que un tercio de los americanos no pudiera nombrar ni uno solo de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) del gobierno federal.

Aun así, los encuestadores no pueden tirar piedras desde sus casas con techo de vidrio.
“¿De quién es la responsabilidad de decidir si una ley es inconstitucional? ¿Del presidente, del Congreso o de la Corte Suprema?”, preguntaron. Casi dos tercios de los entrevistados dieron la respuesta que esperaban los entrevistadores: la Corte Suprema. Pero el 5% que dijo “el presidente” o el 16% que dijo “el Congreso” tampoco estaban equivocados.

Sin embargo, su respuesta es incompleta. Es labor de cada poder del gobierno federal decidir si una ley es inconstitucional.

“Todos los que ocupan un cargo público en Estados Unidos (el presidente, los miembros del Congreso, los jueces federales) prestan un juramento en defensa de la Constitución de Estados Unidos”, tal y como explica la Fundación Heritage. “Así como la Corte Suprema debe interpretar la Constitución de forma obediente y fiel cuando determina la validez de las leyes en los casos que se le presentan, del mismo modo deben actuar los miembros del Congreso cuando elaboran esas leyes y el presidente cuando las hace cumplir”.
Aunque en la práctica esto no siempre funciona. Cuando el presidente George W. Bush firmó la ley McCain-Feingold de reforma financiera de las campañas electorales, declaró que tenía “reservas acerca de la constitucionalidad” de partes de la misma. Por tanto, debería haber vetado la ley y decirle al Congreso que empezar de nuevo.

Hace unos seis años, la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg comentó que no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal en un caso de discriminación. “Le corresponde de nuevo al Congreso el corregir las caprichosas interpretaciones del Título VII hechas por esta Corte”, observó de manera acertada. En una votación tremendamente partidista dos años más tarde, los legisladores hicieron precisamente eso.
Esto también es válido a nivel estatal. Después de que Jennifer Gratz perdiera su caso de discriminación en la Corte Suprema, “Gratz se dispuso rápidamente a recorrer todo el país, impulsando la celebración de referendos estatales para conseguir lo que su caso no pudo conseguir”, informa el Washington Post. “Ayudó a obtener la victoria en un puñado de estados, reduciendo las preferencias raciales y de género en educación, empleo y contratación”.

Si ya decía el fundador de la Fundación Heritage Ed Feulner que, en Washington, no hay victorias ni derrotas permanentes.

La mayoría se opone a un impuesto a las ventas por Internet

Marguerite Higgins

Imagine verse obligado a recaudar un impuesto a las ventas para el gobierno de un estado en el que su empresa no tiene presencia o tener que afrontar auditorías por parte de un estado que está a miles de kilómetros de su sede central. Pues la Ley del Mercado Justo (MFA) representa este tipo de amenazas potenciales para las empresas por Internet y otros vendedores a distancia. La ley requiere que las empresas con más de $1 millón en ventas a distancia recauden un impuesto a las ventas a los clientes de fuera del estado y lo remitan a la agencia estatal correspondiente.

Una encuesta realizada recientemente por Gallup halló que la idea de gravar las compras por Internet va en contra de la opinión pública. Si tuviesen la oportunidad, el 57% de los adultos de Estados Unidos votaría en contra de una ley que permitiese a los estados recaudar un impuesto a las ventas sobre las compras que sus residentes hicieran por Internet.


La encuesta indica que: “A diferencia de otros asuntos políticos y económicos, la reacción ante la idea de una ley que grave las ventas por Internet no parece provocar una división claramente partidista, ya sea en el Congreso o entre el público en general” y revela que los adultos jóvenes fueron quienes expresaron una oposición más amplia a un impuesto a las ventas por Internet.

A principios de la semana pasada, los legisladores conservadores y los que se oponen al impuesto a las ventas por Internet tomaron el Capitolio para protestar por sus implicaciones constitucionales.
“Nuestro país se fundó sobre la idea de “nada de tributación sin representación”, por lo que pienso que este proyecto de ley, el de la Ley del Mercado Justo, es en muchos aspectos una versión del siglo XXI [de la Ley del Timbre]”, comentó el representante Ron DeSantis (R-FL) en la concentración del Capitolio contra el impuesto a las ventas por Internet.

“[Se trata de la] idea de cómo se pueden imponer impuestos a personas que no pueden votar en su contra”, expresó Grover Norquist, presidente de Americanos por la Reforma Fiscal. “Los británicos los implantaron durante un tiempo pero nosotros planteamos ciertas objeciones”.

Indicando que la mayoría de los senadores que votaron contra la MFA tenían menos de 50 años, el senador Ted Cruz (R-TX) argumentó que los legisladores y las grandes empresas estaban trabajando conjuntamente con el fin de aumentar las trabas comerciales para los pequeños negocios con presencia en Internet.
“Lo que estamos viendo con este proyecto de ley es cómo Washington se alía con las grandes empresas, así como a demócratas y republicanos, hombro a hombro con esas grandes empresas, diciendo: recaudemos $23,000 millones en impuestos a los consumidores de todo el país”.

Cruz y otros intervinientes comentaron que la MFA perjudicaría a las pequeñas empresas que venden productos por Internet, privaría a la economía de miles de millones de dólares que de otro modo servirían para crear empleos y fomentaría las extralimitaciones de los gobiernos estatales.

“Internet ha sido un oasis de libertad”, indicó Cruz. “Ha sido un portal para el Sueño Americano”.
Con la legislación ya en la Cámara de Representantes, el experto en regulaciones de la Fundación Heritage, James Gattuso, advierte de que el Congreso no debería seguir por la vía del impuesto a las ventas por Internet.

Gattuso comenta que la legislación ofrece “una solución simple y engañosa” para un problema complejo. “Aunque promete una igualdad de condiciones frente al impuesto a las ventas minoristas, probablemente creará una mayor desigualdad en las cargas [tributarias], a la vez que destruirá los principios fundamentales del federalismo”.