How to Limit Government in the Age of Obama
By Joseph Postell, Ph.D., Robert E. Moffit, Ph.D. and Todd F. GazianoJune 25, 2013
Abstract
In spite of the outcome of the 2012 election, conservatives
need not abandon their core project to restore limited constitutional
government. Even in the age of Obama, there are still three major
concrete avenues to push back against unlimited government: Congress,
the courts, and the states. In Washington, Congress can use the
legislative power to starve the administrative state and rein in some of
its excesses. In the courts, litigants can seek judgments against the
Environmental Protection Agency, the Department of Health and Human
Services, and other agencies as a way to push back against unlimited
government. And beyond the Beltway, a majority of states have the
capacity to push back against federal overreach on a range of issues,
most notably Obamacare.
This panel was held on the occasion of the release of Joseph Postell’s Special Report “From Administrative State to Constitutional Government,” on which he based his remarks.
The Role of Congress
Joseph Postell, PhD: Limiting government in the age of Obama is a tall order, but it is a tall order not simply because of who occupies the White House. It is a tall order because it requires limiting government in the age of the administrative state, which stacks the deck against those hoping to place limits on government.
To mount an effective challenge to the expansion of the national government, we must first understand what we are up against. Only then can we devise a strategy to get us back towards limited government.
What Is the Administrative State?
Our government today resembles an administrative state more than a republic. What is an administrative state? It is not simply “Big Government,” nor does it describe the modern welfare state. It does not refer to the size of government, nor to the creation of entitlements to be distributed by government. The administrative state is defined by the structure of our modern state—a structure which is deeply in tension with our central constitutional principles.
The administrative state describes a form of government that delegates massive powers and discretion to modern administrative agencies. Modern agencies are very different from the kinds of agencies that existed at the time of our Founding. They exercise powers of rulemaking, execution, and adjudication. Most of the personnel in these agencies are not chosen by the people directly through elections or even indirectly through presidential appointments. In short, modern agencies possess legislative, executive, and judicial powers, and they are not subject to regular elections.
The administrative state undermines two central principles of our Constitution: the separation of powers and representative democracy. The typical administrative agency today makes law, executes law, and adjudicates. Today’s agencies do not separate the three powers of government: They consolidate and unify these powers for the sake of efficiency. Those who supported the creation of these agencies, such as Herbert Croly and James Landis, openly admitted this to be the case. CONTINUE READING
Entonces, ¿qué parte de Obamacare sí funciona?
Obamacare es tan útil, tan vital para la atención médica de la nación, está tan a punto que…la administración Obama ha tenido que retrasar la implementación de otro de sus apartados principales.
Ayer apareció la noticia de que la administración está retrasando hasta el año 2015 la entrada en funcionamiento del mandato al empleador – aquella parte de Obamacare que obliga a que las empresas con 50 trabajadores o más a jornada completa paguen un seguro médico que esté aprobado por el gobierno.
Cuando se diseñó Obamacare, la administración y sus socios del Congreso se aseguraron de que las partes principales de la ley que afectan a todos los americanos se retrasasen hasta después de las elecciones presidenciales de 2012. Sin embargo, ahora la administración Obama está retrasando uno de los apartados más conocidos de Obamacare hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Douglas Holtz-Eakin, el anterior director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), describió el anuncio como “retorcidamente brillante”, aunque la consejera titular de Obama, Valerie Jarret, nos asegura que esto simplemente significa que la administración está “prestando atención” a nuestras preocupaciones.
Pero las bombas de Obamacare explotan a diario. Las compañías de seguros médicos están abandonando el mercado del seguro médico. Las primas se podrían duplicar…
Y la administración Obama incluso ha tenido que admitir que las cosas no están yendo demasiado bien. El experto de la Fundación Heritage Robert Moffit confeccionó una lista con algunas de las etapas de este viaje al desastre:
El año pasado, la secretaria de Salud y Servicios Humanos (HHS), Katherine Sebelius, anunció que su departamento no podría implementar el apartado de atención médica a largo plazo de Obamacare. Financieramente, comentó, no era factible. Y [en abril] Sebelius anunciaba que estaba posponiendo el programa diseñado para permitir que las pequeñas empresas ofrecieran más de un plan a sus trabajadores. Mientras tanto, más de la mitad de los estados han declinado establecer un “sistema especializado de seguro médico” según los gravosos términos y condiciones de la ley, dejando que Washington lo haga por ellos.La noticia de ayer hará que la cuenta atrás para los sistemas especializados de seguros médicos (que se supone que comienzan el 1 de octubre de este año) sea todavía más interesante. ¿Dejarán más empleadores de ofrecer cobertura, diciéndoles a los trabajadores que podrán conseguir esa cobertura mediante los sistemas especializados de seguro médico? ¿Funcionarán esos sistemas?
Además no olvide que el mandato individual comienza el 1 de enero de 2014. Entonces todos los americanos tendrán que adquirir un seguro de atención médica aprobado por el gobierno o tendrán que pagar una multa. Y el mandato al empleador no estará ahí para obligar a los empleadores a proporcionarlo.
Aunque la administración esté enloqueciendo, el Congreso puede hacer algo para ponerle freno. Como comenta el experto de la Fundación Heritage Chris Jacobs:
Es difícil comprender el impacto del devastador reconocimiento de hoy por parte de la administración de que, después de tres años, todavía no puede poner en marcha Obamacare sin estrangular a las empresas con el papeleo y destruir los puestos de trabajo de los americanos. Dicho esto, todavía no es demasiado tarde para que el Congreso haga lo correcto y rechace financiar lo que la administración ahora (por fin) ha admitido que es un desastre que destruye el empleo.
Egipto: Una razón para la agitación popular
Aunque millones de personas han marchado de nuevo por las calles de El Cairo durante estos días, aún resulta imposible de saber si la reedición de las manifestaciones conllevará las tan necesitadas reformas económicas y políticas que el pueblo ha exigido. No obstante, las luchas en Egipto ponen claramente de manifiesto una verdad fundamental: la libertad económica es importante.
Una economía nacional durante mucho tiempo estancada ha mantenido a muchos de los 80 millones de ciudadanos egipcios privados de la oportunidad económica. La economía de Egipto se ha sumido durante más de una década en la categoría de “mayormente controlada” del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. Antes de la Primavera Árabe, Egipto había puesto en marcha una serie de reformas de las regulaciones empresariales, pero eran algo meramente superficial. Durante los últimos dos años, se han pospuesto e incluso desbaratado las mejoras que de forma tan fundamental necesita la política económica del país. Y lo que es peor, la efectividad de las reformas que podrían haber ayudado a abrir los mercados y a mejorar la productividad se han visto debilitadas por un frágil Estado de Derecho y la falta de un compromiso serio para instaurarlo.
De hecho, para muchos egipcios corrientes, arreglar la economía es la clave. Están exigiendo una economía que funcione y que se rija por el Estado de Derecho. En particular, los jóvenes egipcios se han sentido cada vez más frustrados por el obsoleto sistema económico de su país y por una realidad desalentadora. La continua falta de reformas económicas ha alimentado el descontento desde 2011, con unas finanzas estatales que se han consumido para atender los extensos subsidios a la alimentación, la energía y otros servicios básicos.
Los enfrentamientos en Egipto se están degradando hasta convertirse en una crisis económica que amenaza con quebrar la ya frágil paz social de la nación y con alterar la dirección política del país. Durante demasiado tiempo, El Cairo ha estado posponiendo las extremadamente necesarias reformas económicas estructurales. El presidente Mohamed Mursi ha estado más centrado en ampliar su propio poder y en consolidar el control de los Hermanos Musulmanes que en propiciar los objetivos declarados de la revolución democrática de Egipto, reavivando así el empeoramiento de su economía.
Como señaló brevemente el analista distinguido de la Fundación Heritage Kim Holmes, “a menos que se cambien las estructuras económicas de Egipto…el verdadero motivo del descontento, la falta de libertad y oportunidad económica, persistirá y estrangulará a la joven democracia de Egipto en su misma cuna”. Las elecciones democráticas no modificarán la desafortunada realidad de la vida cotidiana de los egipcios. El auténtico motor del cambio será la libertad económica.
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