lunes, 12 de agosto de 2013

Save the CONSTITUTION!...Nosotros obligados a Obamacare mientras los políticos se autoexcluyen!...Discriminación contra colegios católicos en California!

Review--The Liberty Amendments: Amend the Constitution--to Save It

 

Radio host Mark Levin does not follow the news cycle. He often opens his shows by warning listeners that he will not talk about the the day's headlines, or play clips from cable TV programs. Instead, he focuses on agendas: those of the "Statists," i.e. the progressive left; and those of the constitutional conservatives to whom, and for whom, he speaks. 

Those conservatives have struggled to find a way forward. Until now.

Levin's The Liberty Amendments: Restoring the American Republic, released Aug. 12, is an ambitious plan to save the American political experiment from the encroachments of big government in Washington, D.C.

Yet his solution is not a political one that looks for new ways of winning elections, or a policy formula to enact conservative ideas. Levin proposes to amend the Constitution itself--not once, but eleven times.
He goal is to motivate and mobilize fellow conservatives to push for a national convention to propose new amendments, under a never-before-used provision of Article V of the Constitution. Before meeting, the convention will require the assent of two-thirds of the states; afterwards, its proposals will require the approval of three-fourths.

Levin, however, is confident of eventual success. He sees no other alternative.
Last week, Levin granted an extensive interview to Breitbart News about The Liberty Amendments, and about detailed aspects of each of his eleven proposed amendments. The full interview presents an overview of the book itself--a well-written, fluent and smooth read, elegant in its interweaving of history, its scholarship, and its passionate argument that while the amendment process may be long, the time to start is now.

More generally, the book has three main strengths.
The first is that it identifies the key challenge facing the conservative movement as a constitutional one--not a "demographic problem" that must be rectified through identity politics and pandering to various groups; and more than just a lack of credible leadership. The main problem facing conservatives, Levin suggests, is their failure to present an alternative to the left's statist project. CONTINUE READING


La administración Obama se salta la ley al darle al Congreso una dispensa de Obamacare



Obamacare


Hace unos días, la administración Obama hizo pública la propuesta de una regla elaborada por la Oficina de Administración de Personal (OPM) con el efecto de permitir que los miembros del Congreso y su personal adquieran una cobertura de seguro médico dentro de los nuevos sistemas especializados (tal y como requiere Obamacare) y que utilicen los enormes subsidios libres de impuestos que reciben por su actual cobertura según el Programa de Beneficios Médicos para Empleados Federales (FEHBP) para pagar su cobertura con los nuevos sistemas especializados de seguro médico.

Como mis colegas y yo ya hemos señalado, el gobierno federal realmente no tiene autoridad legal para pagar la cobertura médica de los trabajadores federales dentro de un plan que no sea uno de los planes contratados por la OPM según el Título 5, Capítulo 89 del Código Federal de Estados Unidos, que autoriza a la OPM a operar el FEHBP.

En su nueva regulación, la OPM apunta a la definición general de plan médico recogida en el Título 5, Capítulo 8901(6), que dice:
“plan de beneficios médicos” significa una póliza o contrato de seguro colectivo, un acuerdo de servicios hospitalarios o médicos, un contrato de afiliación o suscripción o alguna disposición colectiva similar proporcionada por un operador con la finalidad de ofrecer, pagar o reembolsar los gastos de los servicios médicos;
Luego la OPM afirma despreocupadamente que:
Aunque, conforme a su autoridad según el Capítulo 89 del Título 5, la OPM no tendrá ninguna función en la “contratación” o la “aprobación” de los planes de beneficios médicos que se ofrezcan mediante los Sistemas Especializados, no cabe duda de que tales planes se ajustan a la definición de “plan de beneficios médicos” según 8901(6).
Perdónenme, pero de hecho sí hay una duda. La definición que cita la OPM especifica que sean planes colectivos, pero los planes de los sistemas especializados serán planes individuales, pues así es como se regularán por parte de los departamentos estatales de seguros y como serán tratados según el resto de disposiciones de Obamacare que se aplican a los planes de los sistemas especializados.

Además, el verdadero asunto no es la definición de “plan médico”, sino más bien la (falta de) autoridad legal del gobierno federal para pagar planes médicos mediante la FEHBP que la OPM no haya ni “contratado” ni “aprobado”.

La OPM concluye proponiendo enmendar el Código de Regulaciones Federales de la siguiente manera:

§ 890.201 Estándares mínimos para beneficios médicos
(d) Nada en este apartado limitará o impedirá que un plan de seguro médico adquirido mediante un Sistema Especializado, conforme a la sección 1312(d)(3)(D) de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible, Ley Pública 111-148, enmendada por la Ley de Atención Médica y Reconciliación Educativa, Ley Pública 111-152 (Ley de Cuidado de la Salud Asequible o la Ley), por un empleado de otro modo cubierto por el Título 5, Capítulo 8901(1)(B) y (C) sea considerado un “plan de beneficios médicos según este capítulo” a efectos del Titulo 5, Capítulos 8905(b) y 8906 del Código Federal de Estados Unidos.

¡Ahí está! Según la OPM, cualquier plan que se ajuste a la definición general de plan médico es ahora también “un plan de beneficios médicos según este capítulo”, por lo que el gobierno federal puede pagar el subsidio correspondiente al FEHBP de un empleado federal, incluso si no es un plan que la OPM haya “contratado” o “aprobado” dentro del FEHBP e incluso si es un plan “individual” y no uno “colectivo”, tal y como requiere la definición estatutaria de la que depende la OPM.

Ya era suficientemente perjudicial que el Congreso tuviera que aprobar la ley para averiguar qué contenía. Pero es que ahora la administración está haciendo caso omiso de esa misma ley cuando no le gusta lo que ésta estipula.

La versión en inglés de este artículo está en Heritage.org. 



Un senador de California lanza una ley gravemente discriminatoria contra los colegios católicos

Imagine que su familia pone un restaurante y que, paralelamente, el gobierno también decide poner el propio. Tenemos por tanto un restaurante privado (el suyo) y uno público (el del gobierno). Para atender el restaurante tanto usted como el gobierno contratan algunas personas. En una de esas, una de las personas contratadas para atender el restaurante privado, y también uno del restaurante del gobierno, abusan separadamente de algún cliente menor de edad.

Pasan muchos años y, por tanto, el crimen ya no puede ser denunciado a la justicia. Pero muchos años después a algunos políticos se les ocurre proveer de un periodo especial para que las víctimas puedan demandar y pedir resarcimientos económicos. Hasta ahí se podría estar de acuerdo.

Un senador de California lanza una ley gravemente discriminatoria contra los colegios católicos 
Pero ahora suponga que la ley pediría los resarcimientos no al criminal (siguiendo el ejemplo, no al empleado que cometió el delito) sino a quienes le dieron trabajo. Esa no sería la injusticia solamente: en ese proyecto de ley los únicos que podrían ser demandados son los privados (el suyo) pero no los restaurantes públicos, los del gobierno.

Evidentemente, como la mayoría de los restaurantes privados no tendrían para cubrir gastos de indemnización por crímenes que ellos no cometieron, sino que cometieron sus empleados, se ven abocados al cierre. Los restaurantes del gobierno se quedan con el monopolio de la comida.

No es una fantasía: es una proposición de ley

Una ley en esa línea es la que se está impulsando en California. La propuesta de ley (SB [Senate Bill] 131) ha impulsado al arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, a invitar a los católicos de California para que contacten a sus asambleístas y les pidan votar en contra de una medida impulsada por el senador Jim Beall de Campbell y que podría entrar en vigor en 2014.

La iniciativa de ley apunta contra la educación privada en general y la católica en particular. Los tres grandes errores que conlleva la propuesta de ley son: 1) no cumple con el deber de proteger a todas las víctimas de abuso sexual; 2) discrimina contra escuelas católicas y empleadores privados; y 3) pone en riesgo la labor de los servicios sociales y educativos de la Iglesia.

Graves irregularidades en el proyecto de ley

La web de la archidiócesis de Los Ángeles precisa algunas irregularidades de la propuesta de ley SB-131:

Suspende por un año el límite conocido como «ley de prescripción civil» con la intención de que las víctimas de abuso puedan entablar una demanda contra los empleadores de los criminales o supuestos criminales que abusaron de ellas. Se incluye incluso a los criminales o supuestos criminales que ya murieron, por tanto las instituciones privadas de hoy deben responder por actos de personas muertas.

La propuesta de ley no protege a todos los niños pues sólo posibilita que se demande a escuelas privadas y no a los que fueron violados en escuelas públicas u otros empleadores dependientes del gobierno. Esto es muy grave pues el 92% de los niños de California acuden a escuelas públicas, regentadas por el gobierno.

La propuesta va directamente contra colegios católicos y privados pues sólo y nada más contra ellos se pueden entablar las demandas. Estadística y socialmente, el fenómeno de los abusos es mayor fuera de la Iglesia. Y a los niños que estudian en escuelas del gobierno, ¿quién les protege o a quién pueden acudir?

La propuesta de ley no hace algo por incrementar sanciones contra los que cometieron los delitos: se va a la caza de los empleadores y no de los criminales.

Seiscientos casos en la escuela pública en 15 meses

Un ejemplo sobre este último punto: un artículo publicado en The Media Report («Media Highlights Church Opposition to California Bill Pushed By Contingency Lawyers Seeking to Bankrupt It, Ignores Exemption of Abuse-Ridden L.A. Schools», 24.07.2103) evidenciaba que en los últimos 15 meses al menos 600 maestros de escuelas públicas han sido despedidos o han tenido que renunciar por denuncias graves de conductas sexuales inapropiadas, tan sólo en el distrito de Los Ángeles. Y es ahí mismo donde el gobierno ha tenido que pagar 30 millones de dólares por denuncias de abusos en una sola escuela primaria pública. Pregunta: ¿por qué la iniciativa de ley sólo va contra instituciones privadas en general, y católicas en particular, cuando los abusos han ocurrido y siguen ocurriendo mayoritariamente en colegios públicos? CONTINUE LEYENDO

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